La constitución política neoliberal y la propiedad privada.

              "La propiedad es un robo"

                                                                                                 Pierre Joseph Proudhoun

Introducción:

El siguiente texto es tomado de una memoria en derecho, mediante la cual se busca ver como se liberalizó, entre otras cosas, la propiedad privada por medio de la creación de la constitución política de Chile del año 1980 y como ésta afecta a la propiedad y a las personas.

La propiedad privada: El tema de la propiedad es lo más discutido a nivel histórico, y su importancia se da en cuanto ha motivado diversos sucesos en nuestra historia en que se discute cuál es el fin de la propiedad, y por eso mismo se ha decidido incluirlo en la presente obra.

Al discutir acerca de la propiedad privada, dos temas son los que nos van a interesar:

1. Debido a la liberalización planteada en la Constitución, esta se ha plasmado en nuestros suelos tantos rurales como urbanos, en que se propende más a la maximización del desarrollo de capitales inmobiliarios que a la preocupación de las políticas públicas que implican el decidirse por no construir, y por tanto, de dejar de percibir utilidades económicas, en un sector donde se pueda ocasionar un daño ambiental de cualquier consideración, ya porque se destruyen los sectores rurales donde se producen los alimentos que nosotros consumimos para poder vivir o por la destrucción de algunas áreas verdes donde se destruya dicho ecosistema con ocasión de la construcción de inmuebles; la discusión se basa en que a pesar de que se trate de lograr un desarrollo del país, este no debe ser a costa de los recursos naturales, sino que se debe tratar de llegar a un desarrollo sustentable.

2. Tratar de dilucidar si realmente existe la propiedad privada para todos, o ella es solo aparente, debido a que, si bien, muchas personas de diversos sectores han podido acceder a algún hogar en nuestro país, no debemos quedarnos solo en eso y reconocer que la propiedad privada se ha ido sectorizando en atención a la capacidad económica, en cuanto una persona que no posea muchos recursos para acceder a alguna vivienda, no podrá comprar libremente la que ella quiera, sino que deberá conformarse dentro de una determinada oferta por la que le alcance con su capacidad monetaria.

          Ya habiendo analizado los sectores más importantes donde se cree que el Estado debe tener una intervención para lograr un bien común más o menos igualitario para todas las personas, nos avocaremos a ver cómo, por aplicación de la Constitución de 1980 y sus principios precedentemente analizados se han intervenido las áreas que hemos ya visto, liberalizándolas y entregándolas a manos privadas y separándolas de toda actividad estatal.

LA PROPIEDAD PRIVADA

          La Constitución basándose en sus principios neoliberales, propone la propiedad privada como una garantía necesaria para alcanzar los fines que buscan y así lo han expresado en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile en que admiten que para la iniciativa de los particulares en el campo económico, si no se reconoce conjuntamente el derecho de propiedad privada, tanto sobre bienes de consumo como sobre medios de producción seria imposible lograr los cambios sustanciales que se han propuesto.

          Nuestra Constitución en su artículo 24 consagra el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, estableciéndolo como garantía a todas las personas, para que en caso de verse vulnerado dicho reconocimiento se podría recurrir de protección contra quien lo prive, amenace o perturbe.

          Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, hemos podido ver que realmente no se cumple a cabalidad, ya que la propiedad privada solo estaría garantizada a quien la tenga o pueda acceder a ella y no a quienes no posean la capacidad de tener una propiedad privada; por otro lado, al generarse una aglomeración de este tipo de propiedad en muy pocas manos, como en las de corporaciones dedicadas a las inversiones inmobiliarias, se dio pie a la expansión de los sectores inmobiliarios urbanos hacia zonas rurales que poseen tierras fértiles, que al ser posible la privatización de ellas, se adquieren por dichas corporaciones, las que inician construcciones en suelos que naturalmente estaban destinados al cultivo o a la producción de alimentos.

          Esto nos genera dos discusiones, que ya hemos planteado y que analizaremos brevemente, a continuación.

1. La expansión de la propiedad privada urbana hacia zonas rurales

          Nuestro país es uno de las mas liberalizados en términos de lo que a propiedad privada se refiere, alcanzando esto tanto a los recursos naturales como a los medios de producción, creándose, para que este sistema resulte, una política en que se privilegia a los mercados en que se presentan proyectos de inversión, sobre todo en el ámbito inmobiliario, todo, junto a la abstención de la actividad estatal en virtud del principio de subsidiariedad.

          Como hemos visto, en nuestro sistema se permite una apropiación privada de los suelos, la que está limitada sólo por la capacidad económica de acceder a ellos, pudiendo una persona con altos ingresos económicos adquirir cuantas propiedades estime conveniente, lo que se ve especialmente en las empresas que presentan proyectos de inversión de mega proyectos inmobiliarios, lo que significa no sólo el dar un hogar a miles de personas, sino que también implica la expansión de las construcciones hacia otros territorios por miles de hectáreas más alejadas de las zonas urbanas, lo que ocasiona por un lado el ocupar tierras de naturaleza productiva de carácter agrícola y por otro, el aumento de la contaminación, en cuanto los recorridos son más largos respecto de donde se vive hacia donde se trabaja, estudia o se prestan servicios determinados.

          Si bien, se han establecido límites de urbanización y control de zonificación para proteger la actividad agrícola, la creciente liberalización de la expansión urbana ha hecho sustituir las antiguas reglamentaciones a unas que sólo establecen, para el uso del suelo a los mega proyectos inmobiliarios un conjunto de requisitos, como son la ocupación de superficies de a lo menos 100 Hectáreas, determinadas densidades de construcción, que existan vías de circulación, de colectores de aguas lluvias y alguna planta que trate las aguas servidas de dicho sector, medidas que son vistas de acuerdo a cada construcción en particular y no conforme a proyectos previos de zonas que pueden ser urbanizables.

          Así, con la liberalización de los usos de los suelos y la inactividad del Estado o permisividad otorgada a los sectores privados, se ha ocasionado la fácil expansión de las zonas urbanas sobre las rurales, todo en miras de la obtención de la mayor cantidad de rentabilidad, sin apoyarse en políticas publicas de protección de zonas ricas para su explotación agrícola, lo que se ha venido desarrollando prácticamente desde la creación de la Constitución hasta nuestros días.

          El cambio de estas zonas rurales por la de urbes propias del neoliberalismo expansionista, en que se separa lo que es naturaleza de la sociedad, implica un despojo de lo uno en beneficio de lo otro, y que en este caso se da a beneficio de la sociedad con desmedro de las zonas que presentan riquezas naturales, que es lo denominado como “la acumulación capitalista por despojo”.

          Este cambio de zonificación desde lo urbano hacia lo rural conlleva el detrimento del medioambiente, y aunque existen Evaluaciones de Impacto Ambiental para la realización de proyectos inmobiliarios, la mayoría de ellas terminan como simples Declaraciones de Impacto Ambiental, donde se asegura que dicho proyecto no produce impactos, pero que a la vez desconoce el verdadero significado ambiental que produce la urbanización, lo que da a conocer la falta de consideración por parte de los servicios que realizan dichas evaluaciones respecto de los efectos irreversibles que conlleva la construcción de una zona urbana sobre zonas rurales de capacidad productiva de carácter alimentario y de absorción de aguas lluvias, que al desaparecer estas, se producirá una notable falta de alimentos para la población y en los períodos de lluvias se acrecentarán las inundaciones y aluviones por la falta de absorción de dichas aguas.

          Estos últimos hechos son los más evidenciados últimamente, ya que son producto de la liberalización ya analizada que nuestra Constitución permite y el retroceso del Estado para pronunciarse respecto de los impactos ambientales que la urbanización produce, por lo que se debe cambiar la liberalización por un control público de real evaluación ambiental y de ordenación territorial, de manera que se reduzcan los daños ambientales y la recuperación o conservación, al menos, de las zonas vegetativas que aún se encuentran en el país, teniendo presente que, en la actualidad la expansión de las zonas urbanas no considera los costos ambientales, los que finalmente serán traspasados a la población en general.

2. La propiedad privada de acuerdo a la capacidad económica

          Otra característica que debemos analizar es si realmente la garantía de la propiedad privada se produce y alcanza a todas las personas por igual, de manera que se cumplan los principios postulados en la Constitución en cuanto a “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”.

          No obstante lo anterior, un asentamiento poblacional en un determinado territorio, como una ciudad es un producto económico social que reproduce los principios de acumulación y reproducción del capital, lo que produce una separación de la sociedad en torno al espacio de acuerdo al valor del suelo, permitiendo su acceso a sólo un determinado sector de la sociedad.

          Estas diferencias de los sectores socioeconómicos en torno al acceso a una determinada propiedad también se evidencian en relación a los sectores geográficos en que las distintas clases sociales viven con determinadas características paisajísticas, sociales y medioambientales, y es así como señalan don Hugo Romero y Alexis Vásquez:

“Los sectores más acomodados se localizan en áreas exclusivas que presentan la mejor calidad ambiental -en términos aparentes al menos-, del aire, las aguas y los suelos, así como  la mayor cantidad de amenidades, los mejores paisajes públicos y privados, las mayores concentraciones y extensiones de áreas verdes y las más bellas panorámicas”.

Y continúa:

“Los sectores de menores ingresos, por el contrario, dependen casi exclusivamente de las áreas verdes, amenidades y seguridades otorgadas por las políticas e instituciones del Estado, no pueden escapar de los eventos de contaminación y riesgos y deben soportar graves problemas de patologías sociales”.

          Respecto de lo anterior, se da la casualidad de que son principalmente las clases más acomodadas quienes contribuyen mayormente a la contaminación, en relación con su mayor capacidad de consumo de bienes, produciendo mayor cantidad de residuos sólidos, al ser quienes poseen más cantidades de vehículos motorizados contribuyen a aumentar la contaminación atmosférica, al utilizar en mayor medida los recursos hídricos y eléctricos que son escasos implican consecuencialmente una disminución en el consumo de estos por los sectores más necesitados y al ocupar un mayor espacio territorial reducen los espacios que los otros sectores pudieran ocupar.

          A pesar de lo anterior, de toda la producción de estas externalidades negativas causadas por su costoso estilo de vida, no son capaces de internalizar dichos efectos que repercuten finalmente en toda la población y aún más en los sectores más pobres de la sociedad que es donde se encuentran los peores índices de contaminación ambiental de los cuales ellos generan en una muy pequeña cantidad, y si cabe alguna duda, debemos recordar donde hay mayores casos de colapsos en los sistemas de atención hospitalaria por enfermedades respiratorias provenientes de la contaminación atmosférica y donde se ven más casos de inundación de territorios en cada temporal, produciéndose la denominada “injusticia ambiental”.

          Por lo demás, al momento de instaurarse las nuevas políticas de carácter neoliberal, donde mejor se evidenció esta diferencia de clases fue al momento de la reasignación de las tierras a nuevos propietarios que fueran más eficientes desde el punto de vista económico, en que el Estado derogó la Ley de Reforma Agraria, ya que impedía la privatización de las tierras y disminuyó todo tipo de subsidios que pudieran favorecer la propiedad de recursos no eficientes, como ocurrió con las comunidades agrícolas, agrarias e indígenas.

“Leyes: Sabemos lo que son, y lo que valen. Son telarañas para los ricos y poderosos, cadenas de acero para los pobres y débiles, redes de pesca en las manos del gobierno” 
―Pierre Joseph Proudhon