Desde que nacemos nos vemos
insertados en un mundo en el cual no elegimos nacer, pero que sin embargo, a
medida que vamos creciendo y llegando a adultos se nos va implantando la idea
de cumplir con la norma, tal como le fue implantada a todos nuestros
antepasados. Así, sin más, nos vemos siendo participes del mundo impuesto, sin
cuestionarnos por ejemplo, el por qué votamos para elegir autoridades, sino que
solo lo hacemos.
Existen varios pensadores que
tratan de analizar o, más bien, justificar la existencia de una autoridad elegida
por el pueblo y que, abandonando ya los periodos oscuros de los zares y reyes,
proponen la teoría del Contrato Social, los autores más reconocidos por justificar
la idea de la autoridad mediante el Contrato Social, son Hobbes, Locke y
Rousseau; los tres intentan dar su concepto de lo que es el Estado de
Naturaleza de las personas y con ello demostrar la necesidad de generar un
acuerdo común en la sociedad de celebrar un Contrato Social en el que el pueblo
mediante el voto elige a una autoridad para que esta última ejecute todos los
actos que tiendan a proteger y beneficiar a quienes le han dado el voto, se
puede entender basándose en la idea de contrato que esta elección de autoridad
es un mandato, en el que el pueblo elector es el mandante y elige a un
mandatario, es decir, la autoridad, para que éste haga lo pertinente para
lograr el desarrollo del bien común social.
El análisis que se hace, se
considera importante, por cuanto se ha visto a través de los años que a pesar
de que la gente sigue votando por autoridades, estos como mandatarios, no están
cumpliendo con el fin que busca la sociedad, cual es de obtener beneficios
comunes, sino que por el contrario, solo se ve que una mínima parte de la
sociedad sale realmente beneficiada con ocasión de la existencia de la
autoridad y del Estado, y así se puede afirmar a modo de ejemplo que, si bien
la gente elige a un legislador, leáse
diputado o senador, este no hace la ley en beneficio de sus electores, sino que
por el contrario, hace la ley en beneficio de sus financiadores, tal como lo
pudimos apreciar con la ley de pesca en que el cuerpo de abogados de las
grandes empresas pesqueras extractivistas redactan un proyecto de ley conforme
a su conveniencia empresarial y se la entregan a un legislador para que
presente dicha ley como un proyecto propio, lo que junto al financiamiento de
los demás políticos, el gran empresariado logra que sus leyes sean aprobadas en
bloque o si no por la gran mayoría de los legisladores. Esto no es algo nuevo a
pesar de que no teníamos conocimiento de cómo se maquinaba el fraude, ya que la
actual Constitución Política que rige en el país, también fue una norma
redactada por abogados y economistas pro empresarios y a costa de la vida de
muchas personas.
El común de la gente aburrida de
este abuso institucional comenzó a manifestar su descontento y lo primero que
hace la autoridad a través del Estado es la sanción de la manifestación y la
ejecución de la violencia en contra de quienes se manifiestan. Este malestar
ciudadano se da porque las autoridades han quebrantado el Contrato Social al no
actuar en beneficio de sus mandantes o electores, algo que se viene dando desde
hace mucho tiempo y ahora último, se ha vuelto a quebrantar el Contrato Social
al intentar eliminar o erradicar cualquier vestigio de protesta, siendo que la
protesta es una forma de manifestar que el pueblo no está conforme con la
autoridad por cuanto no están cumpliendo con lo que al comienzo se pactó y
menos ahora que el brazo armado del Estado ha demostrado no actuar en
protección de la sociedad, sino que por el contrario, está actuando en proteger
el sistema imperante que insiste en actuar en beneficio de solo unos pocos, que
son los mismos que como se ha señalado en análisis anteriores, poseen el
control de la economía, de los medios de comunicación y del poder político.
Lo anterior se podría entender
como una especie de lucha de clases, pero en la que la lucha viene desde arriba
hacia abajo, ya que son ellos los que detentan el uso “legitimo” de la fuerza y
de las armas, como siempre contra un pueblo desarmado que solo tiene piedras y
consignas para resistir una lucha tan desigual.
Se da la idea a través de las
autoridades políticas y los medios de prensa de que vivimos en democracia, como
si este fuera un sistema de paz y justicia, pero que solo funciona de esa
manera para ellos y por eso la justifican, pero cuando el pueblo, como más de
alguna vez ha ocurrido, intenta demostrar su descontento contra un sistema
desigual y que no funciona para todos, las mismas autoridades y medios de
comunicación, no dudan en poner término a esa democracia tan enrostrada y
defendida por ellos, declarando incluso la guerra a un pueblo que solo exige el
cumplimiento del contrato social tan desgastado a estas alturas.
La palabra guerra puede sonar
fuerte, pero no debemos olvidar a todos los asesinados en la supuesta
democracia que nos dicen que vivimos y que tanto nos costó recuperar, sin
embargo, debemos estar alertas al uso del lenguaje ya que durante lo que duró
la guerra que el Estado declaró en contra de los ciudadanos, la mayoría de los
abusos policiales y militares se encuentran aún en la impunidad, pudiendo
comprender que realmente estamos en una guerra en la que eventualmente se
podría justificar cualquier abuso por parte de la autoridad, pero asimismo la
legitima defensa del pueblo.
Por último, si realmente
viviéramos en una democracia y se aplicara en realidad lo que se entiende por
Contrato Social, así como el pueblo otorgó un mandato a la autoridad para que
los represente en sus intereses, lo más lógico de una democracia que respeta el
contrato social es respetar la voluntad del mandante y si este quiere revocar
el mandato por incumplimiento del mismo, se debe hacer lo mismo que se hizo
para ser elegido y no escudarse en que fue legítimamente elegido y por ello
debe terminar su mandato cumpliendo con los principios de la democracia que
ellos manosean, debiendo escuchar la voluntad del pueblo que a estas alturas considera
ilegitimo, por incumplimiento del contrato social, la ejecución del mandato.
