"COMO ANARQUISTA, LE TEMO A ESA BOMBA..."

Ante la explosión de una bomba en el Metro de Santiago de Chile, con civiles y clase obrera lesionados y, ante las constantes acusaciones y calumnias en contra de los que profesan el anarquismo estamos en la obligación de realizar nuestros descargos.

Lo principal es señalar en simples palabras qué es o qué busca el anarquismo en su esencia o fenomenológicamente hablando; a través de la historia y del análisis sociopolítico de cómo debe construirse la sociedad han surgido diversas concepciones de los estados de naturaleza en que vive el ser humano (teorías contractualistas), todo con el fin de justificar la existencia de las instituciones estatales y lo que denominan "el contrato social" por medio del cual, la sociedad, de una u otra forma delega su soberanía en otro ser, a quien le otorga autoridad con diversos fines, ya sea de protección, ordenación o lisa y llanamente, nos gobierne. Para entender esto, es necesario hacer referencia a los siguientes filósofos:

Thomas Hobbes cree que el estado natural en que vive el ser humano, es un estado de guerra interminable de todos contra todos (o sálvese quien pueda), porque no existen normas objetivas y porque las personas son egoístas, como esto es perjudicial para todos, acuerdan en renunciar a sus derechos y cederlos a otro que los garantice, quien es, el poder soberano, quien sin participar de ese contrato social no está obligado para con los súbditos.

John Locke proclama que el estado de naturaleza del ser humano consiste en la libertad e igualdad entre ellos, manteniéndose así, hasta que acuerden someterse a una autoridad. ¿con qué objeto?, el de resguardar la ley natural otorgada por Dios de la propiedad privada y de proteger y conservar sus vidas, ya que reconocen en los hechos que este principio de igualdad y libertad no es respetado.

Jean-Jacques Rousseau señala que el estado de naturaleza es el de la pureza humana y que el ser en su desarrollo en sociedad o civilización desarrolla vicios, conflictos, pasiones y desigualdad, por lo que se acuerda en delegar soberanía en un superior para que devuelva al humano a su estado de naturaleza que proclama, traducido en la creación de una República.

Ahora, basándonos en estos tres personajes podríamos decir que el estado de naturaleza del anarquista consiste en la libertad e igualdad de todos los seres vivos del universo y no solo los seres humanos de la tierra, que las personas nacen y desarrollan sus primeros años de vida en un estado natural, en un mundo invadido por multiplicidad de pensamientos que tienden constantemente a imponerle como ser, y que luego de alcanzado un grado de desarrollo de la razón, concibe que su raciocinio no lo hace superior ni inferior a nada ni nadie, y que la capacidad de pensar se le dio para comprender a la naturaleza y ayudarse mutuamente en sus constantes ciclos a mantenerse y desarrollarse, tanto entre las personas, animales y plantas y que logrando esta armonía no necesitan delegar nada a nadie. (Se profundizaría más este tema, pero es objeto de otra investigación).

La existencia del Estado o de un ser superior puede haber sido acordada en algún momento como señalan esos filósofos (mas para nosotros fueron impuestos por la fuerza y la sangre), pero luego, todo aquel nuevo humano que nace se encuentra con la existencia de un estado sobre el cual no le preguntaron su existencia, es así que su sola existencia es un acto de poder sobre los otros, olvidandose muchas veces que existió primero el ser humano y sus derechos naturales, que el estado hace suyas y las convierte en un mandato creado por seres perfectibles que cometen errores, provocando que asimismo se desarrolle la sociedad.

El egoísmo es dado por un sistema que cree en la propiedad privada y en la que casi todo ha sido privatizado, impidiendo inclusive la autosuficiencia alimentaria (algo esencial para la existencia física), ocasionando que la única forma de poder comer se traduzca en la capacidad adquisitiva de comprar el alimento y para completar el circulo haya que someterse a la explotación del patrón o del estado para comprar alimento.

Localmente hablando, en la historia de la formación del país que se llama Chile, toda su estructura histórica está formada en base a dictaduras militares que coartan las libertades personales cada vez que se encuentran más desarrolladas junto a sus consciencias y que imponen el sometimiento a normas subjetivas de creación humana con énfasis en un sistema económico de corte liberal.

Esta constante liberalización del mercado en el que casi todo pasa a pertenecer a manos privadas (leáse grande capitales privados) generan por una parte que ese "contrato social" no sirva, ya que el poder soberano no cumple su rol protector de la sociedad, sino solo el de ciertos intereses económicos y a la vez, que todo sea privatizado ocasiona un malestar generalizado que se puede oler, ver y sentir en la sociedad, que ataca (al menos verbalmente), repudia y desconfía de ambos, tanto del estado como del empresariado.

Decir quién coloco ese artefacto explosivo sería especular, como el estado y el mercado lo hacen con nosotros, pero el que desde un primer instante se sindique como anarquista ese acto demuestra una falta de objetividad, al ni siquiera haber investigado e inculpar a alguien; una falta a la verdad al hacer creer que el anarquismo es malo al odiar al estado (siendo todo lo contrario por las razones que hemos dado) y enfermar a la población sometiéndola a un estado de terror que la hace cada vez mas dependiente de la autoridad.

Como señalamos y la historia lo confirma, la historia chilena (y del occidentalismo) están formados a punta de especulaciones, conspiraciones y finalmente, de armas; lo que nos hace creer que ante el significativo despertar y descontento social, la desconfianza en las instituciones estatales y económicas, han creado una imagen de país desestabilizado para la inversión extranjera, y por otro lado, la existencia de una legislación que no se adecúa al control social que quiere ejercer el poder (estatal y económico) sobre la sociedad, fue necesario crear una justificación que permita por un lado crear desconfianza entre las personas y que solo confíen en el poder con quien han celebrado "el contrato social" que los poderosos no quieren perder y, por otro lado, lograr una legitimidad por parte de la población en aprobar la creación de un sistema de constante vigilancia y consecuncial sometimiento al poder, ya que todo lo que hagas será observado.

Ya lo decía George Orwell en su libro "1984": La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.


Frases que parecen contradictorias, pero que se traducen en lo siguiente: Con la guerra alcanzaremos la paz, la libertad te la podemos dar pero solo a través de una constante vigilancia del Gran Hermano y, solo por medio de la ignorancia de lo que ocurre realmente en el mundo y cómo se maneja este, se mantiene a los que detentan el poder en sus puestos; algo que puede ser aplicable a los gobiernos hoy en día.

No rechazamos la violencia, pero aplicada solo como mecanismo de legítima defensa ante algún ataque o violencia que se ejerza sobre nosotros o los más desposeídos, por lo que negar la violencia sería una hipocresía, tal como lo hacen los grupos que en su momento llamaron a los militares a la calle a matar al que pensara distinto y hoy dicen que ese acto no tiene justificación, o aquellos que en su momento se opusieron ferreamente a la dictadura militar, siendo perseguidos algunos por muchos años, perdiendo amigos y familiares, pero que hoy en día están de acuerdo en seguir aplicando el sistema económico dejado por Pinochet.

Además de todo lo que he señalado anteriormente, se debe considerar que somos personas que tienen familia y que esto, acompañado de la fraternidad que sentimos con las clases obreras y mas desposeídas, no vemos como un enemigo directo a la sociedad, sino que al contrario, la idea es que más gente conozca en que consiste el anarquismo y tenga una impresión correcta para que lo considere, estudie, reflexione y, si es posible, llegue a ser un anarquista más, para que camine junto a nosotros en el camino de la libertad en armonía y del orden sin gobierno.

Es así, que no podemos estar de acuerdo con esa bomba que afecto a personas que no detentan ningún cargo de poder que nos oprima y que nos obligue a reaccionar en legítima defensa, tampoco podemos avalar un acto que no tiene sentido alguno, más que el ayudar a fortalecer los mecanismos y aparatos de defensa del estado con la venia de la atemorizada población, la que ocasiona que este futuro acrecentamiento de los aparatos represivos del estado tenga legitimidad; hacer esto sería una contradicción en atención a nuestros principios y lo que creemos.

Esa bomba nos podría haber afectado a cualquiera de nosotros o nuestras familias o cercanos; esa bomba fue sindicada de inmediato hacia los anarquistas sin justificación ni comprobación alguna, por lo que de estas dos formas, como anarquista, le temo a esa bomba...

La constitución política neoliberal y la propiedad privada.

              "La propiedad es un robo"

                                                                                                 Pierre Joseph Proudhoun

Introducción:

El siguiente texto es tomado de una memoria en derecho, mediante la cual se busca ver como se liberalizó, entre otras cosas, la propiedad privada por medio de la creación de la constitución política de Chile del año 1980 y como ésta afecta a la propiedad y a las personas.

La propiedad privada: El tema de la propiedad es lo más discutido a nivel histórico, y su importancia se da en cuanto ha motivado diversos sucesos en nuestra historia en que se discute cuál es el fin de la propiedad, y por eso mismo se ha decidido incluirlo en la presente obra.

Al discutir acerca de la propiedad privada, dos temas son los que nos van a interesar:

1. Debido a la liberalización planteada en la Constitución, esta se ha plasmado en nuestros suelos tantos rurales como urbanos, en que se propende más a la maximización del desarrollo de capitales inmobiliarios que a la preocupación de las políticas públicas que implican el decidirse por no construir, y por tanto, de dejar de percibir utilidades económicas, en un sector donde se pueda ocasionar un daño ambiental de cualquier consideración, ya porque se destruyen los sectores rurales donde se producen los alimentos que nosotros consumimos para poder vivir o por la destrucción de algunas áreas verdes donde se destruya dicho ecosistema con ocasión de la construcción de inmuebles; la discusión se basa en que a pesar de que se trate de lograr un desarrollo del país, este no debe ser a costa de los recursos naturales, sino que se debe tratar de llegar a un desarrollo sustentable.

2. Tratar de dilucidar si realmente existe la propiedad privada para todos, o ella es solo aparente, debido a que, si bien, muchas personas de diversos sectores han podido acceder a algún hogar en nuestro país, no debemos quedarnos solo en eso y reconocer que la propiedad privada se ha ido sectorizando en atención a la capacidad económica, en cuanto una persona que no posea muchos recursos para acceder a alguna vivienda, no podrá comprar libremente la que ella quiera, sino que deberá conformarse dentro de una determinada oferta por la que le alcance con su capacidad monetaria.

          Ya habiendo analizado los sectores más importantes donde se cree que el Estado debe tener una intervención para lograr un bien común más o menos igualitario para todas las personas, nos avocaremos a ver cómo, por aplicación de la Constitución de 1980 y sus principios precedentemente analizados se han intervenido las áreas que hemos ya visto, liberalizándolas y entregándolas a manos privadas y separándolas de toda actividad estatal.

LA PROPIEDAD PRIVADA

          La Constitución basándose en sus principios neoliberales, propone la propiedad privada como una garantía necesaria para alcanzar los fines que buscan y así lo han expresado en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile en que admiten que para la iniciativa de los particulares en el campo económico, si no se reconoce conjuntamente el derecho de propiedad privada, tanto sobre bienes de consumo como sobre medios de producción seria imposible lograr los cambios sustanciales que se han propuesto.

          Nuestra Constitución en su artículo 24 consagra el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, estableciéndolo como garantía a todas las personas, para que en caso de verse vulnerado dicho reconocimiento se podría recurrir de protección contra quien lo prive, amenace o perturbe.

          Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, hemos podido ver que realmente no se cumple a cabalidad, ya que la propiedad privada solo estaría garantizada a quien la tenga o pueda acceder a ella y no a quienes no posean la capacidad de tener una propiedad privada; por otro lado, al generarse una aglomeración de este tipo de propiedad en muy pocas manos, como en las de corporaciones dedicadas a las inversiones inmobiliarias, se dio pie a la expansión de los sectores inmobiliarios urbanos hacia zonas rurales que poseen tierras fértiles, que al ser posible la privatización de ellas, se adquieren por dichas corporaciones, las que inician construcciones en suelos que naturalmente estaban destinados al cultivo o a la producción de alimentos.

          Esto nos genera dos discusiones, que ya hemos planteado y que analizaremos brevemente, a continuación.

1. La expansión de la propiedad privada urbana hacia zonas rurales

          Nuestro país es uno de las mas liberalizados en términos de lo que a propiedad privada se refiere, alcanzando esto tanto a los recursos naturales como a los medios de producción, creándose, para que este sistema resulte, una política en que se privilegia a los mercados en que se presentan proyectos de inversión, sobre todo en el ámbito inmobiliario, todo, junto a la abstención de la actividad estatal en virtud del principio de subsidiariedad.

          Como hemos visto, en nuestro sistema se permite una apropiación privada de los suelos, la que está limitada sólo por la capacidad económica de acceder a ellos, pudiendo una persona con altos ingresos económicos adquirir cuantas propiedades estime conveniente, lo que se ve especialmente en las empresas que presentan proyectos de inversión de mega proyectos inmobiliarios, lo que significa no sólo el dar un hogar a miles de personas, sino que también implica la expansión de las construcciones hacia otros territorios por miles de hectáreas más alejadas de las zonas urbanas, lo que ocasiona por un lado el ocupar tierras de naturaleza productiva de carácter agrícola y por otro, el aumento de la contaminación, en cuanto los recorridos son más largos respecto de donde se vive hacia donde se trabaja, estudia o se prestan servicios determinados.

          Si bien, se han establecido límites de urbanización y control de zonificación para proteger la actividad agrícola, la creciente liberalización de la expansión urbana ha hecho sustituir las antiguas reglamentaciones a unas que sólo establecen, para el uso del suelo a los mega proyectos inmobiliarios un conjunto de requisitos, como son la ocupación de superficies de a lo menos 100 Hectáreas, determinadas densidades de construcción, que existan vías de circulación, de colectores de aguas lluvias y alguna planta que trate las aguas servidas de dicho sector, medidas que son vistas de acuerdo a cada construcción en particular y no conforme a proyectos previos de zonas que pueden ser urbanizables.

          Así, con la liberalización de los usos de los suelos y la inactividad del Estado o permisividad otorgada a los sectores privados, se ha ocasionado la fácil expansión de las zonas urbanas sobre las rurales, todo en miras de la obtención de la mayor cantidad de rentabilidad, sin apoyarse en políticas publicas de protección de zonas ricas para su explotación agrícola, lo que se ha venido desarrollando prácticamente desde la creación de la Constitución hasta nuestros días.

          El cambio de estas zonas rurales por la de urbes propias del neoliberalismo expansionista, en que se separa lo que es naturaleza de la sociedad, implica un despojo de lo uno en beneficio de lo otro, y que en este caso se da a beneficio de la sociedad con desmedro de las zonas que presentan riquezas naturales, que es lo denominado como “la acumulación capitalista por despojo”.

          Este cambio de zonificación desde lo urbano hacia lo rural conlleva el detrimento del medioambiente, y aunque existen Evaluaciones de Impacto Ambiental para la realización de proyectos inmobiliarios, la mayoría de ellas terminan como simples Declaraciones de Impacto Ambiental, donde se asegura que dicho proyecto no produce impactos, pero que a la vez desconoce el verdadero significado ambiental que produce la urbanización, lo que da a conocer la falta de consideración por parte de los servicios que realizan dichas evaluaciones respecto de los efectos irreversibles que conlleva la construcción de una zona urbana sobre zonas rurales de capacidad productiva de carácter alimentario y de absorción de aguas lluvias, que al desaparecer estas, se producirá una notable falta de alimentos para la población y en los períodos de lluvias se acrecentarán las inundaciones y aluviones por la falta de absorción de dichas aguas.

          Estos últimos hechos son los más evidenciados últimamente, ya que son producto de la liberalización ya analizada que nuestra Constitución permite y el retroceso del Estado para pronunciarse respecto de los impactos ambientales que la urbanización produce, por lo que se debe cambiar la liberalización por un control público de real evaluación ambiental y de ordenación territorial, de manera que se reduzcan los daños ambientales y la recuperación o conservación, al menos, de las zonas vegetativas que aún se encuentran en el país, teniendo presente que, en la actualidad la expansión de las zonas urbanas no considera los costos ambientales, los que finalmente serán traspasados a la población en general.

2. La propiedad privada de acuerdo a la capacidad económica

          Otra característica que debemos analizar es si realmente la garantía de la propiedad privada se produce y alcanza a todas las personas por igual, de manera que se cumplan los principios postulados en la Constitución en cuanto a “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”.

          No obstante lo anterior, un asentamiento poblacional en un determinado territorio, como una ciudad es un producto económico social que reproduce los principios de acumulación y reproducción del capital, lo que produce una separación de la sociedad en torno al espacio de acuerdo al valor del suelo, permitiendo su acceso a sólo un determinado sector de la sociedad.

          Estas diferencias de los sectores socioeconómicos en torno al acceso a una determinada propiedad también se evidencian en relación a los sectores geográficos en que las distintas clases sociales viven con determinadas características paisajísticas, sociales y medioambientales, y es así como señalan don Hugo Romero y Alexis Vásquez:

“Los sectores más acomodados se localizan en áreas exclusivas que presentan la mejor calidad ambiental -en términos aparentes al menos-, del aire, las aguas y los suelos, así como  la mayor cantidad de amenidades, los mejores paisajes públicos y privados, las mayores concentraciones y extensiones de áreas verdes y las más bellas panorámicas”.

Y continúa:

“Los sectores de menores ingresos, por el contrario, dependen casi exclusivamente de las áreas verdes, amenidades y seguridades otorgadas por las políticas e instituciones del Estado, no pueden escapar de los eventos de contaminación y riesgos y deben soportar graves problemas de patologías sociales”.

          Respecto de lo anterior, se da la casualidad de que son principalmente las clases más acomodadas quienes contribuyen mayormente a la contaminación, en relación con su mayor capacidad de consumo de bienes, produciendo mayor cantidad de residuos sólidos, al ser quienes poseen más cantidades de vehículos motorizados contribuyen a aumentar la contaminación atmosférica, al utilizar en mayor medida los recursos hídricos y eléctricos que son escasos implican consecuencialmente una disminución en el consumo de estos por los sectores más necesitados y al ocupar un mayor espacio territorial reducen los espacios que los otros sectores pudieran ocupar.

          A pesar de lo anterior, de toda la producción de estas externalidades negativas causadas por su costoso estilo de vida, no son capaces de internalizar dichos efectos que repercuten finalmente en toda la población y aún más en los sectores más pobres de la sociedad que es donde se encuentran los peores índices de contaminación ambiental de los cuales ellos generan en una muy pequeña cantidad, y si cabe alguna duda, debemos recordar donde hay mayores casos de colapsos en los sistemas de atención hospitalaria por enfermedades respiratorias provenientes de la contaminación atmosférica y donde se ven más casos de inundación de territorios en cada temporal, produciéndose la denominada “injusticia ambiental”.

          Por lo demás, al momento de instaurarse las nuevas políticas de carácter neoliberal, donde mejor se evidenció esta diferencia de clases fue al momento de la reasignación de las tierras a nuevos propietarios que fueran más eficientes desde el punto de vista económico, en que el Estado derogó la Ley de Reforma Agraria, ya que impedía la privatización de las tierras y disminuyó todo tipo de subsidios que pudieran favorecer la propiedad de recursos no eficientes, como ocurrió con las comunidades agrícolas, agrarias e indígenas.

“Leyes: Sabemos lo que son, y lo que valen. Son telarañas para los ricos y poderosos, cadenas de acero para los pobres y débiles, redes de pesca en las manos del gobierno” 
―Pierre Joseph Proudhon

Colonización occidental

 Desde tiempos antiguos en que gente de un territorio determinado ha descubierto que existen otras organizaciones sociales (lease naciones, paises o culturas diferentes), estos se han esmerado en conquistarlos, lo que implica entre otras cosas, eliminar las costumbres y cultura de los conquistados imponiendoles como sistema oficial la cultura y costumbres de los conquistadores.

Esto se ha dado, como ejemplo, con Roma en la antigua europa, con España en Latinoamerica, con Inglaterra en norteamerica y Asia, otros lo intentaron como la Alemania nazi, la ex URSS, ya como hechos más recientes.

Pero hoy podemos ver que esto se está dando nuevamente en los países del oriente, ya ocurrió con Iraq y ahora lo vemos con Siria.

Si vemos que quienes intentan conquistar determinados territorios, lo hacen para homogeneizar a los conquistados, así por ejemplo, en Latinoamerica durante las dictaduras militares dadas entre los años 60 y 90 aproximadamente, todos sabemos que hubo intervención de Estados Unidos en estas invasiones, las que tuvieron por objeto principal homogeneizar a la sociedad para que absorvamos su cultura y terminemos viviendo y consumiendo (objetivo más importante) como ellos, esto es, comprar lo que ellos nos vendan (comer en el Mc Donald`s o utilizar sus Iphone). Con latinoamerica esto ya lo lograron, pero necesitan siempre más, y es así, que se han dispuesto a occidentalizar a oriente para borrar sus culturas y tradiciones para que absorvan la occidental y terminen siendo el nuevo publico objetivo de consumo de sus productos.

Siempre en los medios "oficiales" se hablará de problemas políticos o sociales en oriente y es así, porque cualquiera que no aplique sus políticas occidentales está caminando por el sendero equivocado y como su imperativo son sus principios, sienten la convicción de intervenir en estos países para que abandonen sus políticas incorrectas y apliquen las que ellos creen la más acertada, que es la democracia occidental.

Un Virus.

 

  En el mundo de la salud el virus o enfermedad es algo que se contrapone a la buena salud, el virus siempre se incuba en una pequeña parte de su huésped, alimentándose de él, creciendo a costa de él, sobreviviendo a costa de él, multiplicándose a costa de él, ocasionando a su vez, que el huésped se debilite, tenga alucinaciones, actúe irracionalmente, tenga conductas que no se condicen con el normal actuar de un huésped sano e incluso puede provocar su muerte para que existan solo virus.

Creo que lo anterior todos lo sabemos, pero si llevamos esto mismo aplicado en otro plano veremos que hay similitudes, aún cuando hablamos de distintos sujetos, así por ejemplo,  si vemos nuestra conciencia política ya sea anarquista (de preferencia), marxista, socialista, comunista, etc., (entiéndase estos dos últimos como los de verdad y no los reformados al capital) nosotros seriamos la buena salud y, por otro lado, el Estado, el capitalismo, el liberalismo, el fascismo, etc., serían nuestro virus o enfermedad, pero no nos engañemos, ya que debemos pensar a la vez que nosotros somos un virus o enfermedad para ellos.

Finalmente, de esta observación queremos crear una conciencia de que el virus es capaz de destruir a su huésped y si nosotros pensando como lo hacemos somos el virus de este sistema político, social y económico impuesto, y aunque seamos uno dentro de la familia o del grupo de amigos o de donde sea, si logramos crear la conciencia que nosotros tenemos en los demás, ya dejaremos de ser un virus indefenso y comenzaremos a expandirnos. Es importante siempre actuar como se piensa y tratar de vivir conforme a ello, desde lo más mínimo como por ejemplo tratar de cultivar tus propios alimentos para no depender de las fluctuaciones económicas, tratar de reciclar ropa para no solventar a las grandes marcas, etc., ese pequeño germen tuyo siempre existirá y se podrá propagar a otros para que de cierto modo puedas convencer de tu justicia a los demás, ya que como dice el adagio matemático “el todo es mayor que la suma de sus partes” y, por otro lado, no sentirte tan solo en la lucha diaria de tener que vivir en un mundo donde todo funciona en contra de lo que tú piensas.

Si lo piensas, no es malo ser un virus en este mundo, ya que sentirse bien en un mundo enfermo no es algo sano, y si ser un virus puede llegar algún día a destruir este mundo artificial que nos han creado, por mi lado, prefiero ser un virus.

Cómo se han mercantilizado nuestros recursos naturales como el aire, el agua y los bosques nativos.

El siguiente texto es extraído de una memoria en derecho, de la cual se ha publicado como se ha privatizado la educación y la salud, para hablar ahora de cómo se han privatizado los recursos naturales, como el agua, los bosques nativos y el aire.

EL MEDIOAMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Como señalamos, el medioambiente es comprensivo tanto de los recursos naturales como de los artificiales (leáse piedras, arena, etc), considerando como los más importantes al aire, el agua y la forestación.

Estos recursos también se han visto modificados por diversas normas que permiten, conforme a los principios interpretados desde la Constitución (subsidiaridad y libre mercado), el mercantilizar y hacer propiedad privada un bien o recurso que se entiende pertenecer a la sociedad toda y sin la cual no podría subsistir o lo haría de una forma imperfecta y atentatoria a su dignidad.

Es por esto, que analizaremos cómo se ha hecho que estos recursos pasen a ser parte de la propiedad privada y su consecuente mercantilización, lo que como podemos deducir, es perjudicial para la vida humana.

A) El recurso del aire

Existen diversas normas que se supone se han dictado como una protección a nuestro aire, que al respecto podemos mencionar como el artículo 937 del Código Civil, acerca de la imprescriptibilidad de las obras que corrompan el aire y lo hagan conocidamente dañoso, el Decreto Supremo Nº 144 establecida para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza y su artículo 7, que prohíbe la circulación de todo vehículo motorizado que despida humo visible por su tubo de escape, el Decreto Supremo Nº 185 de 1992 del Ministerio de Minería, que reglamenta las emisiones de anhídrido sulfuroso, material particulado y arsénico en todo el territorio de la Republica, y el Decreto Supremo Nº 4 del Ministerio de Salud de 1992, que regula la emisión de material particulado de fuentes estacionarias puntuales y grupales ubicadas en la Región Metropolitana, norma implementada por el Decreto Supremo Nº 812, que se refiere al procedimiento de compensación de emisiones para fuentes estacionarias puntuales, entre otras normas más que se preocupan de lo mismo, pero con las ya citadas es suficiente para exponer las ideas atingentes a nuestro estudio.

El Decreto Supremo Nº 185 es importante en atención a que nos define lo que se entiende por material particulado, señalando que son “los sólidos sedimentables y en suspensión emitidos de una fuente emisora”.

Define también lo que se entiende por contaminación, “como la presencia en el aire de anhídrido sulfuroso o de material particulado en concentraciones ambientales mayores a los valores establecidos en las normas de calidad del aire”, y a la compensación de emisiones “como un acuerdo entre establecimientos, de modo que una de las partes practica una disminución de sus emisores de material contaminante al menos en el monto en que el otro las aumenta”.

Dentro de los objetivos de este Decreto está el fijar normas de calidad del aire en atención a los distintos contaminantes ya señalados, para proteger las explotaciones silvoagropecuarias, recursos naturales renovables y preservar los ecosistemas que pertenecen a las áreas silvestres protegidas, excluyendo los sectores urbanizados e industrializados que, particularmente, es donde más riesgo de contaminación se tiene, debiéndose comprender estas áreas también.

El Decreto Supremo Nº 4, modificado por el Decreto Supremo Nº 16 de 1998, regula la emisión de material particulado de fuentes estacionarias puntuales y grupales ubicadas en la Región Metropolitana, excluyéndose a las fuentes estacionarias puntuales que emitan más de una tonelada diaria de material particulado y a las fuentes estacionarias grupales destinadas a la calefacción.

La diferencia entre fuente estacionaria puntual y grupal radica en la cantidad de material particulado que la fuente emita, así, la puntual es aquella cuyo caudal volumétrico de emisión de dicho material es superior o igual a mil metros cúbicos por hora, bajo condiciones estándar, medido a plena carga, y a la grupal, como aquella cuyo caudal de emisión de material particulado es inferior a mil metros cúbicos por hora, bajo condiciones estándar y medido a plena carga.

La fuente estacionaria es aquella diseñada para operar en un lugar fijo, cuyas emisiones se descargan a través de un ducto o chimenea, incluyendo las montadas sobre vehículos transportables para facilitar su desplazamiento.

Ya habiendo precisado diversos conceptos para una comprensión más acabada del tema, nos queda referirnos a la compensación de emisiones, materia que se encuentra regulada por el Decreto Supremo Nº 812 del Ministerio de Salud de 1995, que define como emisión compensada a aquella cantidad de emisión diaria de material particulado en que la fuente del compensatario (el obligado a compensar por contaminar más) aumenta su emisión diaria permitida, que corresponde a la misma cantidad en que la fuente del compensante la disminuye, es decir, quien contamina más transa a valores de mercado el remanente no utilizado con quien contaminó menos.

Esta compensación no es sino una forma de ayudar a quien contaminó más de lo permitido a que pueda comprar a quien contaminó menos, su remanente, implicando que, si una fuente emisora sobrepasa los niveles de contaminación establecidos por las normas de protección del aire, estas mismas normas les permiten someterse a la mercantilización y propiedad privada del porcentaje sobrante de quien contaminó menos, produciéndose una transacción comercial respecto del aire limpio que no se alcanzó a contaminar.

Si dichas normas en su espíritu realmente quisieran proteger nuestro aire no permitirían la realización de compensaciones, ya que con ellas se permite que de todas formas se siga contaminando. Por el contrario, se podrían establecer exenciones tributarias a quienes emitan menores cantidades de material particulado de lo que la ley permite, evitando que el aire no contaminado se comercialice, pero como ya hemos analizado, todas estas normas analizadas están dictadas en conformidad a los principios que se deducen de la Constitución y mientras eso sea así, no se podrá lograr una real protección y cambio del sistema de cuidado ambiental.

B) El recurso del agua

En este acápite nos referiremos principalmente a los recursos hídricos que se encuentran presentes a nivel terrestre y no a los que están a nivel marítimo, lo que nos lleva al análisis normativo del Código de Aguas de 1981, y lo que ocurre con este recurso al ser tratado en dicho cuerpo legal, que basado en los principios constitucionales permiten la propiedad privada y mercantilización de nuestras aguas.

Dentro del recurso hídrico de nivel terrestre encontramos los de tipo sanitario, en los que se trata de la cobertura del agua potable, de un sistema de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales en las zonas urbanizadas, y aquellas que se encuentran en zonas rurales, donde se trata el tema de los aprovechamientos de aguas, las que se regulan en el Código de Aguas.

Las aguas de tipo sanitario se encuentran con problemas no tan serios, pero que aún así deben ser estudiados con el fin de lograr un abastecimiento general de la población y más aún a quienes no puedan acceder económicamente a ella, creándoles problemas sanitarios, por lo que el Estado lo debería tomar para sí, de manera tal de, por lo menos subvencionar dicho recurso a aquella parte de la población que se ve perjudicada por la aplicación de un sistema de libre mercado de los recursos hídricos, que por lo demás, al ser parte de la actividad de privados, estos pasan a ser parte de un monopolio natural que no se regula por las leyes del mercado para la fijación de sus precios.

Las aguas de zonas rurales son las que hasta ahora han presentado mayores problemas desde la creación de la norma en 1981, ya que junto con la creación de dicha regulación se privatizó y dejó en muy pocas manos gran porcentaje de los recursos hídricos, logrando una mercantilización de tan vital elemento, normativizado bajo la premisa de que este recurso natural debe ser tratado como mercancía, lo cual pareciera confuso con la simple lectura del articulo 5º del Código de Aguas, al señalar que “las aguas son bienes nacionales de uso público”, pero con la frase que la acompaña se justifica su privatización, al señalar “se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”. Este aprovechamiento es un derecho real que otorga todas las facultades propias del dominio, que son las de uso, goce y disposición (Art.6 Cód. Aguas), derecho casi tan amplio como el de dominio, ya que otorga a la vez facultades adicionales que consisten en usar de todos los medios necesarios para ejercitarlos (Art. 8 Cód. Aguas), como podría ser una servidumbre de paso a otro predio para la extracción de las aguas respecto de las que se tiene un aprovechamiento.

Tan amplio es este dominio que se ha dado, que incluso se otorga por la ley la capacidad de hipotecarlo, provocando que en caso de no cumplirse con la obligación principal por la cual se otorgó dicha garantía hipotecaria, se tendría que recurrir a las normas procesales que permiten el remate de dichos derechos, los que siendo naturalmente un bien mueble, se venderán en martillo sin previa tasación (Art.482 C.P.C.), pero que si son destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, dicho derecho se reputará inmueble, debiendo tasarse su valor conforme al rol de avalúos vigentes para la contribución de haberes o por peritos (Art.486 C.P.C.), según sea el caso.

Ahora, el derecho de aprovechamiento se ha constituido originariamente por acto de autoridad, como lo confirma el artículo 20 del Código de Aguas, lo que ha propiciado que el 80 por ciento de los derechos de aguas no consuntivos (los que se devuelven a su fuente una vez utilizados) estén en manos de la transnacional Endesa, y Colbún, que poseen el 90 por ciento de los derechos de agua de la Undécima Región, en la que particularmente ambas impulsan el megaproyecto hidroeléctrico denominado HidroAysén, en tanto que en la zona norte de nuestro país quienes poseen mayor dominio sobre los derechos de aguas son las mineras, quienes precisamente son las que necesariamente requieren mayores cantidades de este recurso para funcionar, todos los que han generado problemas con los pueblos originarios, provocando despoblamiento de sus zonas[1].

Como solución a los problemas hídricos planteados, lo ideal sería que el Estado se haga cargo de dichos recursos en cuanto estos son necesarios para una equitativa distribución de los derechos de aprovechamientos, con el fin de evitar la acumulación excesiva del porcentaje total de dichos derechos, que son capaces de originar sino monopolios, oligopolios, en donde unos pocos poseen la totalidad de los derechos de aprovechamiento del agua, lo que ha permitido crear los problemas que se han señalado tanto en la zona norte como sur de nuestro país.

Aunque algunos plantean que la devolución de dichos derechos al Estado es una tarea difícil por el hecho de que la mayoría poseen dueño, siendo una labor gigantesca lograr que estos sean devueltos, aún más sin compensaciones económicas, sobre todo por quienes ya tienen inversiones involucradas como las mineras y las hidroeléctricas. Pero dicho proceso no es imposible siempre que se cambie el pensamiento respecto del valor que las aguas tienen en el mundo, el cual no es en un sentido económico, sino que más social donde simplemente sin el agua no se puede vivir.

C) Los recursos forestales

Al hablar de los recursos forestales nos referimos tanto a los bosques nativos como a las formaciones xerofíticas, ya que ambas incluyen especies autóctonas que creemos imprescindible resguardar para nuestro patrimonio cultural y para el desarrollo sustentable de los “pulmones de nuestra tierra”.

Se entiende por bosque nativo a aquel formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar; y por formaciones xerofíticas a la formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

El cuidado de la forestación incluye el cuidado de nuestros suelos, y que en la ley 19.300 de bases del medioambiente de 1994 no se contempla una protección precisa, pero sí expone en su artículo 39: “La ley velará porque el uso del suelo se haga en forma racional a fin de evitar su pérdida y degradación”, ley que durante muchos años no existió y recién en el año 2008 se logró crear la ley 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal, la que propone como objetivos la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, pero como veremos, esta ley ha sido creada conforme a los principios que emanan de nuestra Constitución, permitiendo la corta de bosque nativo (Art. 15) para construir caminos, realizar explotaciones mineras, de gas, de servicios eléctricos o de ductos, lo que analizaremos a continuación (Art.7 inc.3).

Se cree que, si realmente se quiere recuperar el bosque nativo y crear un verdadero fomento forestal, no se debería permitir bajo ninguna circunstancia la corta de bosque nativo o la explotación de formaciones xerofíticas, pero al contrario, la ley 20.283, si bien, en su artículo 19 comienza señalando “prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas…”, en su inciso 2º prescribe que “excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación…”, lo que nos deja claro que esta norma no es prohibitiva, sino que es una norma imperativa de requisito, la que permite realizar alguna acción bajo el cumplimiento de determinados requisitos que la misma ley establece.

Además, este mismo artículo 19 se refiere solo a los bosques nativos, quedando todos los otros bosques que no quepan dentro de este carácter fuera de la regulación, y así, en todo bosque que no sea parte del bosque nativo en el que no opera dicha normativa, existiría la libre facultad de realizar su corta, eliminación, destrucción o descepado[2].

Aunque se justifique esta norma en el interés nacional, el cual suponen que prima sobre el interés individual, la creación de una artificialidad como un camino o el enriquecimiento pecuniario por la explotación de dicho suelo no debe ser nunca justificación suficiente para cortar especies vegetales, más aún, si estas pertenecen a nuestras especies nativas.

[1] Sepúlveda Solar, Doris, Ley de Bosque Nativo: ¿Verdadero resguardo de la biota nativa? [en línea] http://cdauch.blogspot.com/2009/03/ley-de-bosque-nativo-verdadero.html [consulta: 03 Enero 2010]

[2] Urquieta, Claudia, Chile, El País más Liberal en el Mercado del Agua. [en línea] http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=2066 [consulta: 15 Noviembre 2009]

Cómo se intervino la salud para hacerla parte del libre mercado.

El siguiente texto está sacado de una memoria en derecho llamado "El principio de subsidiariedad y el alejamiento del Estado de su rol social", en el que se explica cómo con la creación de la Constitución Política de 1980 en Chile se logró ir mercantilizando casi todo, como ya vimos en otra nota con la educación, y ahora incluida la salud.

LA SALUD

Como señalamos anteriormente, al hablar de la salud no nos referiremos al estado en que una persona se pueda encontrar, sino que a la salud como una prestación de servicio, incluyendo tanto la atención médica y la administración de fondos de pensiones, como la prestación de los medicamentos, es decir, comprende tanto al área medica y asistencial como la farmacéutica.

La salud, en términos generales, actualmente se ha basado en un método productivo mercantilizado, en que el valor ético de dicha prestación se ha visto trastocado y ha permitido que solo aquellos que posean la capacidad monetaria puedan disponer de su salud y cuidarla, generando, por el otro lado, que las clases más desposeídas sean quienes más sufran de enfermedades debido a su incapacidad de acceder a ella, lo que hace percibirla como un lujo y no como un derecho humano de beneficio universal.

En el área farmacéutica, con la adecuación normativa de la salud a lo que prescribe la Constitución, este ítem también se ha visto traspasado desde el Estado hacia el mercado en cuanto a su regulación por la libre competencia, la cual ha provocado la cartelización de las cadenas farmacéuticas como lo hemos evidenciado en este ultimo tiempo[1], en que son tres las cadenas más grandes en el mercado, las cuales tienen una mayor presencia a nivel comercial; o en el caso médico que se dio por mucho tiempo de la suscripción de una garantía para poder recibir una atención de salud, basada anteriormente en el “cheque en blanco” y hoy modificada a cualquier título de crédito con excepción del cheque, lo que a simple vista pareciera ser lo mismo.

El tema del acceso a la salud y a los medicamentos no debe situarse dentro del área jurídico comercial donde la oferta y la demanda sean quienes regulen su acceso, sino que se trata de un derecho humano que todos los individuos deben ser capaces de alcanzar, en cuanto estos son bienes públicos que pueden salvar vidas.

Como el principio de subsidiariedad permite, por un lado el déficit del presupuesto fiscal en la salud pública y que los privados sean los primeros que tengan la capacidad legal de actuar en el mundo comercial, por medio de las leyes de patentes y de propiedad intelectual han dejado la posibilidad de la apropiación de los conocimientos en el área de la salud respecto de otros que en forma anterior ya poseían ese conocimiento, pero no registrado y a quienes hoy se les prohíbe su uso sin la respectiva autorización comercial, como por ejemplo, centenares de plantas originarias de Los Andes que poseen características curativas ahora son parte de la propiedad privada de algunos laboratorios[2], quitándole por su parte, valor a los conocimientos basados en la medicina tradicional indígena, que históricamente han servido a la salud de todos quienes los usaban mucho antes de la existencia de los laboratorios.

Las reformas en el sistema de salud iniciadas en los años 80` tuvieron como finalidad retirar la administración de la salud por parte del Estado, separando las funciones entre el financiamiento y la prestación de salud, como también descentralizando dicha área. Sin embargo, actualmente ha evidenciado severas desigualdades e ineficiencias.

Dentro del sistema de los prestadores de salud, encontramos dos sistemas, uno de carácter privado que es otorgado por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y otro público otorgado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), entre los que las personas tienen la capacidad de elegir libremente entre uno y otro ante quien dar las cotizaciones de salud de una persona, que aunque funcionan de forma paralela, tienen lógicas muy distintas.

El sistema privado no actúa con las ideas de la solidaridad con las que funciona el sector público y eso se refleja por medio del “cream skimming” o selección de riesgos, lo cual se ve como una especie de discriminación dada no sólo hacia las personas de tercera edad, sino que a cualquier persona que tenga mayores probabilidades de enfermedad y a las personas de menos recursos, lo cual se ha permitido con ocasión de que el mercado esta altamente desregulado[3], lo que por consecuencia genera la concentración en FONASA de las personas que carecen de ingresos o que tienen mayores riesgos de salud, dando ha entender que los incentivos del sector privado no son la eficiencia en la gestión de los recursos, sino que se ven más incentivadas en restringir la afiliación de personas que puedan constituir un alto riesgo.

Las disímiles políticas que motivan las funciones de ambos sectores crean diferentes consecuencias en su financiamiento, y es así que como el sistema privado tiende a discriminar a las personas de alto riesgo, a admitir a personas jóvenes que precisamente son quienes menos se enferman, y además que el 20 % de la población

con mayores ingresos es la que tiene mayor participación en las ISAPRES y que luego esa población al envejecer se cambia al sistema público (por las mismas políticas discriminatorias del sector privado) provocando que estas instituciones privadas de prestación de salud capten la mayor cantidad de los ingresos de la población que finalmente son destinados a salud; lo que por el contrario y por consecuencia, provoca que el sistema público deba soportar la carga de atender a la gente de menores ingresos y de más alto riesgo, lo que desencadena un gasto superior provocando una baja en su financiamiento.

En cuanto al sistema de pensiones, con el Decreto Ley 3.500, cuyo proyecto fue creado por don José Piñera, entonces, Ministro de Trabajo y Previsión Social; se transformó completamente este sistema, y más específicamente en la sustitución de las prestaciones que se daban en relación a los últimos años de remuneración dado antes de la reforma, por una base de prestación pecuniaria sobre la base de remuneraciones reales obtenidas durante toda la vida activa del beneficiario, lo que significa adoptar el sistema de capitalización individual como mecanismo de financiamiento, distanciándose del sistema solidario que existía anteriormente. El sistema privado abarca a todos los nuevos trabajadores desde 1980 hasta el día de hoy, dando a los antiguos trabajadores la posibilidad de cambiarse del sistema antiguo al nuevo, reconociéndoles sus aportes hechos en el sistema publico a través de un bono de cargo fiscal representativo de la pensión que habría obtenido de permanecer en el primero[4]. Esto generó una fuga de capitales desde el Estado hacia el sistema privado, debiendo el fisco, además, asumir el financiamiento de las

pensiones de quienes decidieron permanecer en el sistema antiguo y del régimen de prestaciones no contributivas, en las que quedan ancianos e inválidos carentes de recursos, que por su estado no logran acumular un fondo suficiente para autofinanciarse una pensión mínima, careciéndose de contribuciones que permitan financiar este “pilar básico”; todo esto genera un menoscabo en el presupuesto del sistema público de pensiones influyendo en el aumento del gasto fiscal.

Otras características que se dan es que las cotizaciones de quienes pertenecen al sistema privado dependen de las fluctuaciones del mercado de capitales en que las de más alto riesgo se transan en la Bolsa de Valores donde la especulación es la que predomina en los negocios; también, con aplicación del principio de subsidiariedad se obliga al Estado a hacerse cargo de garantizar las pensiones mínimas para las personas que no ahorren lo suficiente y para los indigentes que no posean capacidad de ahorro, incluyéndose a todos quienes trabajan sin contrato durante toda su vida, como las personas que hacen labores del hogar.

Como posible solución a dicho problema lo primero que se debe realizar es cambiar el sentido que se ha dado a la salud, pasando desde un punto de vista comercial hacia uno en que primen las necesidades de toda la gente, ya que esto se evidencia como parte de una gran contradicción; en un segundo punto se hace imperioso que el principio de subsidiariedad no alcance completamente al área de la salud, de manera tal de que pueda el Estado participar en esta área, garantizando el acceso a la salud y los medicamentos a través del mejoramiento de los sistemas públicos y fortalecimiento de las políticas publicas, por medio del aumento de la inversión fiscal, lo que implica que la acción estatal se involucre en esta área, al contrario de lo que la subsidiariedad le ha dictado hasta el día de hoy, de no inmiscuirse, logrando un descompromiso por parte de este hacia todos los ciudadanos; en el área de la prestación de salud lo que se debe cambiar es el sentido económico por un sentido más solidario, de tal manera que las prestaciones del sector privado no sean discriminatorias en atención al riesgo de enfermedad de una persona, lo cual se lograra a través de un refuerzo en la normativización destinada a controlar con fines solidarios y no económicos al sistema de ISAPRES, y en cuanto al sistema de pensiones se debe abrir la posibilidad real de la libre elección de las personas no a elegir entre una y otra AFP, porque siguen dentro del sistema privado, debiendo darse la posibilidad de elegir entre el sistema nuevo y el antiguo (público), para generar así un incremento de cotizantes que permita mantener un financiamiento solidario en que las nuevas clases trabajadoras demos la oportunidad a las que ya trabajaron de gozar de una pensión digna y no de una “pensión mínima” hecha sólo para subsistir.

[1] Ramis, Álvaro, Crisis en el país de las farmacias. [en línea] http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090409/pags/20090409212643.html [consulta: 13 Diciembre 2009]

[2] León, Irene, La salud: un suntuoso derecho básico. [en línea] http://www.reddesalud.org/espanol/datos/ftp/leon.htm [consulta: 15 Diciembre 2009]

[3] Titelman, Daniel, “Las reformas al sistema de salud: desafíos pendientes”, Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Ed. LOM, Santiago, 2001.

[4] Uthof, Andras, “La reforma del sistema de pensiones y su impacto en el mercado de capitales”, Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Ed. LOM, Santiago, 2001.

LOS PACOS DE ROJO SON LOS PELIGROSOS!!!

Ante las mulitudinarias movilizaciones que se han desarrollado últimamente en Chile, por parte de estudiantes y trabajadores, siempre en los medios de comunicación masiva y por las mismas autoridades se habla solo de la violencia que se genera en estos movimientos para así desprestigiarlos y hacer que el sujeto común que no sale a la calle sino solo a trabajar sin cuestionarse las cosas, asuma como realidad todo lo que estos personajes muestran.

Con todo esto se está logrando que la misma gente que se manifiesta, al ver que unas personas rompen cosas se les enfrentan y terminan peleandose entre ellos, facilitando el actuar de carabineros y logrando además la desintegración social del movimiento, ya que lo queramos o no, somos todos parte de lo mismo, es solo que tenemos distintas formas de expresarnos y reivindicar nuestros petitorios.

Ante cualquier destrucción que se produce en las cuidades creemos que es más grave destruir lugares donde solo existe naturaleza con el fin de obtener solo beneficios pecuniarios, asi vemos que un semaforo se puede reemplazar por otro, pero miles de hectareas de bosque donde habita el Huemul en Aysén o una isla (Riesco) que va a ser explotada a tajo abierto para sacar carbón no son reemplazables y es mucho más grave su destrucción, sobre todo porque es la autoridad de gobierno la que esta permitiendo tal abominación.

Por otro lado no debemos olvidar y si no lo sabemos, informarnos de la historia de Chile, la que se ha formado mayormente en base a golpes militares, es decir, utilizando la violencia y las armas por parte de las clases acomodadas en contra del pueblo, para obtener el poder y subsecuentes beneficios que ello eroga, como el de seguir siendo parte de la elite de la sociedad y es así, como la fuerza se ha seguido aplicando hasta los dias actuales repitiendose una y otra vez la historia de la represión en contra del pueblo organizado.

Los que destruyen este mundo artificial al cual nos han sumido como seres inertes que solo cumplen una labor de tuerca para este país, son los mismos que si el día de mañana existe una lucha armada estarán ahí haciendo frente a las fuerzas del Estado, mientras todos aquellos que los critican y golpean estarán, seguramente en sus casas con miedo rogando para que quienes en ese momento luchan por el pueblo, ganen.